El informe de la Agencia Catalana de Consumo sobre el mercado de la vivienda llevó al Gobierno catalán ha sancionar con 320.800 euros a un total de 46 constructoras y promotoras de la región por vulnerar los intereses y derechos de los consumidores.

La mala práctica de estas promotoras consistía en obligar al comprador a subrogar la hipoteca subrogada previamente, contratos hipotecarios sobre plano con autoridad para modificar las características de la vivienda y también se trasladaba al cliente el pago de todas las tasas de la operación, que no le correspondían.

El cliente que compra un piso tiene derecho a conocer el inicio y el fin de las obras, es decir el periodo exacto que durarán las obras, igualmente si es una vivienda nueva o de segunda mano, hay casos que las promotoras sancionadas daban por nuevo un piso que no lo era.

Las empresas también pecaron con el uso del dinero que adelantaron los futuros propietarios de viviendas. Cuando el comprador de un piso empieza a adelantar dinero, la Ley decreta que la señal debe guardarse en una cuenta especial, que el futuro dueño debe conocer y sólo se pueden emplear para la obra en cuestión.

Asimismo deben estar avaladas y garantizadas, porque en el caso que la empresa se declare en suspensión de pagos, el dinero de los clientes estén aseguradas.

Popularity: 1% [?]