La Ley 2/2009 regulariza la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamos y créditos.

La OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) a puesto en marcha una campaña generalizada sobre el nuevo decreto que regula las ofertas de créditos o préstamos hipotecarios y los servicios de unificación de pagos, comercializados por empresas que no son entidades financieras.

El negocio de las intermediarias hipotecarias solo estaban sujetas a un reglamento civil y mercantil y el citado reglamento no protegía ni garantizaba los derechos e intereses de los consumidores.

Esta normativa entró en vigor el dos de abril de 2009 y forma parte de las medidas que el Estado viene autorizando para obstruir los problemas producidos por la crisis económica, rellenando un agujero legal contemporáneo en lo que respecta a esa materia. Su intención es garantizar la transparencia en las contrataciones con este tipo de empresas (intermediarias de crédito o refinanciadoras de deudas) y amparar a las personas que solicitan sus servicios.

Para llevar una verificación y seguimiento más seguro de estas empresas, se creará en los próximos meses en el Instituto Nacional de Consumo (INC) un registro nacional y público en el que se introducirán los datos e información sobre cada una de estas companías, añadió la OMIC.

Este nuevo decreto, no influye a las entidades financieras, ya que tienen su regulación propia y son supervisadas por el Banco de España, ni a los préstamos al consumo, las ventas a plazos de bienes muebles y la comercialización a distancia de servicios financieros.

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