Archivo Noviembre, 2008

El proyecto de ley que regula las reunificadoras de deudas llega al Senado

La Asamblea de Sanidad y Consumo del Congreso, ratifico con facultad constitucional, el proyecto de ley que regula las reunificadoras de deudas y empresas de créditos no financieras, para su inmediata partida al Senado.

En el expediente se incrementaron más de 50 reformas de todos los grupos legislativos, que acuerdan los derechos de las personas con discapacidad y fortalecen las capacidades de las comunidades autónomas.

Un portavoz del grupo parlamentario del partido popular repudio esta propuesta y solicito, que sea el Banco de España que controle a estas empresas reunificadoras de deudas, el gobierno defiende este regularización por que aumenta las garantías y la protección de los clientes, otorgando toda la información necesaria con transparencia y seguridad.

Entre las modificaciones de esta ley esta el incremento de la obligación de transparencia de las reunificadoras de deudas, los requisitos del contrato, mayor garantía, la consolidación de las actividades en casos de incumplimiento y la instalación de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos.

El informe ratificado señala que los clientes recibirán la información precontractual con un mínimo de 15 días antes de la firma, especificando las principales características de los contratos y el precio total que debe abonar el usuario, esto incluye comisiones, gastos y cargas.

Toda la información tiene que publicarse en las web y en un tablón de anuncios de estas empresas abiertas al publico. También se creara un registro público de las empresas, que obligara a contratar con una entidad legalizada un seguro de responsabilidad civil u otra garantía financiera.

Otro punto muy importante y que la patronal de las reunificadoras de créditos no están de acuerdo, es el derecho a renunciar al contrato de intermediación en los 14 días siguientes a la firma, sin argumentación de cualquier causa y sin penalización, además incorpora una política de infracciones y sanciones.

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Las empresas financieras de crédito (entidades de créditos rápidos y reunificación de deudas) empiezan a sentir las consecuencias de la crisis crediticia y analizan  convertirse en bancos. Los problemas de liquidez y el alto porcentaje de morosidad son las principales causas que estan llevando a estas empresas financieras a transformarse en bancos comerciales y poder acogerse al plan de rescate estatal.

El Ministerio de Economía denegó a estas financieras su solicitud de poder participar directamente en las ventas del Fondo de Activos para la banca tradicional y solo les queda la alternativa de transformarse en bancos tradicionales para no echar el cierre.

Según la Asociación Nacional de Entidades Financieras de Crédito (ASNEF) es que en España hay un prototipo muy garantista que conlleva altos gastos para los bancos y no pueden ser admitidos por otros. Las financieras que no se transformen en bancos no podrán acceder al fondo de activos pero menos aún a otras ayudas, como las que se propone con el plan vive para coches o los créditos que otorga el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Por tanto un gran numero de estas financieras no tendrán mas remedio que transformarse en entidades mercantiles (anónimas o limitadas). Pero la gran duda que genera es que estas entidades  no se encontraran bajo la sombrilla de la regulación, ni supervisión oficial, al no ser consideradas entidades financieras.

Estas dudas que surgen solo conllevaria que el ciudadano sea el perjudicado, porque únicamente ahora es cuando el usuario procura obtener más avales con su banco, concluye la Asociación.

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Unión de Consumidores de España

La ley que regula la reunificación de deudas y el negocio de créditos hipotecarios concedidas por las financieras a los consumidores, pone de manifestó que aun hay ciertos puntos por aclarar, según la Unión de Consumidores (UCE) declara que este proyecto de ley no incluye a los registradores de la propiedad y reclamo a todos los grupos parlamentarios la integración de esta asociación al proyecto de ley.

La UCE comenta que esta omisión consagra una política de total ausencia de control preventivo, al rechazar a los registradores  de las obligaciones de control de la legalidad de los créditos. Como consecuencia de esta exclusión los notarios se encargarían de ejercer ese control, cuando curiosamente sus consumidores prioritarios son bancos y constructoras.

La asociación recalcó que esta medida argumenta la presión que practica la banca española a través de la Dirección General de los Registros y del Notario y de esta manera no se controle los requisitos abusivos de los contratos hipotecarios.

La UCE también aviso el peligro de comenzar en España las hipotecas basuras al ceder la escritura de las cláusulas en manos única y exclusivamente de las entidades financieras y de notarios.

Por tanto hizo incapíe que en el observatorio de la Unión de Consumidores de España-UCE 2007, el 90% de las demandas de los usuarios tenían su principio en la infracción sistemática de la ley por parte de las compañías y operadores del mercado.

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